Un túnel o lavadero de coches es una estructura con una entrada y una salida, en la que hay una máquina fija que realiza la limpieza. Los vagones, a su vez, se mueven por la acción de una cadena que los impulsa a lo largo del recorrido.
En principio, todas las instalaciones de lavado de coches deben someterse a las inspecciones y autorizaciones correspondientes a su ubicación. El objetivo es que no causen daños a ningún vehículo mientras realizan su trabajo, pero no siempre es así. Entonces, cuando se producen daños, ¿quién es el responsable?
La responsabilidad de la empresa
Muchos lavaderos de coches tienen un cartel que advierte a los clientes de que "la empresa no se hace responsable de los daños del vehículo". Desde el punto de vista legal, estos avisos no tienen ninguna validez, ya que la exhibición de una exención de responsabilidad no les exime de ella.
Además, la empresa propietaria de la instalación está obligada a hacerse cargo de los daños que pueda sufrir el vehículo durante el proceso de lavado.
De hecho, la jurisprudencia sostiene que los elementos que componen estas instalaciones deben estar en un estado que no cause daño a los consumidores.
Responsabilidad del consumidor
La empresa que presta el servicio no siempre tiene la culpa de causar daños al vehículo. Los usuarios también están obligados a cumplir con los requisitos para el buen uso de las instalaciones. En cualquier caso, si el vehículo resulta dañado, es la empresa la que tiene que demostrar que ha cumplido con todos los requisitos.
El artículo 147 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que "Los prestadores de servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios si no acreditan el cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos por la normativa y los demás cuidados y diligencias exigidos por la naturaleza del servicio".
En definitiva, es la empresa la que debe demostrar que los daños no fueron causados por el lavadero sino por la negligencia del cliente.
Cómo proceder
La recomendación de los distintos servicios jurídicos es presentar una reclamación por escrito con un presupuesto de la reparación. Si una reclamación amistosa no tiene éxito, debe considerarse la conveniencia de emprender acciones legales.
